En su reciente columna para The Guardian, Patrick Collinson resalta cómo la especulación con los precios del suelo está íntimamente relacionada con la crisis de vivienda asequible en Inglaterra. A partir de un recuento histórico, la columna revela como, a pesar de que existía cierta tradición legal que empoderaba al sector público para habilitar suelo para vivienda social, en 1961 se introdujo el concepto de “valor de expectativa”. Es a partir de esta noción, que se legitima que los terratenientes de suelos rurales sean compensados, cuando su tierra es requerida para proyectos urbanos, con el valor esperado por el cambio de uso, lo que conlleva a que se privatice el incremento en el valor del suelo por decisiones y actuaciones públicas.

Como resultado de esta lógica, en el periodo 2014- 2015 el negocio de acaparar tierra en la periferia de Londres ha llegado a “producir” más de 9mil millones de libras para los propietarios de la misma. Por otra parte, se dificulta la producción de vivienda, ya que hoy en día el mayor costo de la producción está en la adquisición del suelo. Y, además, los grandes proyectos de infraestructura que se pagan con dinero del erario, engrosan el patrimonio de privados, al incrementarse el valor de los inmuebles que se benefician con tales obras.

En contraste, la columna presenta como en los Países Bajos (un territorio aún más densamente poblado que Inglaterra) la normativa permite que el gobierno adquiera la tierra de expansión al valor actual. Esto abre la posibilidad para que el sector público urbanice el suelo, habilitando una porción para vivienda social, vendiendo el resto para usos comerciales, obteniendo márgenes suficientes que permiten pagar los costos de urbanización y la construcción de la  vivienda social.

Al plantearse este contraste, el autor se lamenta por cómo, a pesar de que la crisis de la vivienda evidentemente se trata de una problemática en torno a la regulación del suelo y a las obligaciones de los propietarios, en el gobierno sólo se piensa en subsidiar a la demanda, es decir a los compradores de los productos inmobiliarios, sin incluir mecanismos que impidan que tales subsidios se traduzcan en nuevos incrementos en los precios del suelo y por ende en mayores ganancias para los propietarios de terrenos.

Si bien esta problemática en Inglaterra ha adquirido una importancia que pone a la provisión de vivienda asequible en el centro del debate político, lo cierto es que en Colombia el panorama no es mucho más claro y en gran medida deberíamos compartir el lamento que Collinson expresa, pues aún en nuestro país no se reconoce suficientemente la necesidad de los mecanismos de captura de plusvalías como apoyo a los programas de vivienda social.

Foto: “Social Housing, not Social Cleansing” by @FocusE15 is licenced by CC BY-NC-SA 3.0