Por: Laura Moreno Sáenz
El pasado 3 de marzo, la revista Semana público un artículo sobre la situación que se ha venido presentando en varios municipios de la Sabana de Bogotá, con relación a las decisiones por parte de las administraciones municipales en los cambios repentinos y abruptos del uso del suelo.
De acuerdo con este artículo, y como era de esperarse, no está claro cuáles fueron las principales razones que soportaron e impulsaron a las administraciones municipales a tomar dichas decisiones, sin embargo, sí está claro a quiénes beneficiaron.
Municipios como la Calera, Chía, Funza, Cota, Madrid y Tocancipá han tenido que lidiar con las consecuencias de dichas decisiones. La escasez de agua, espacio público, equipamientos y los problemas en la movilidad y accesibilidad de los municipios, no son producto de decisiones conyunturales, son problemas que fueron producto de un largo periodo de malas decisiones en la planificación y ordenamiento de los territorios.
Ésta situación es muy común en casi todos los municipios de Colombia, sobre todo, en los territorios circundantes a las grandes ciudades. El aumento de los precios del suelo en las principales capitales ha hecho que los constructores y desarrolladores de proyectos inmobiliarios, miren hacia los territorios aledaños, provocando una fuerte presión no sólo sobre el precio del suelo, sino también sobre su vocación. De esta manera, territorios que inicialmente fueron designados para el uso agropecuario se transformaron ahora en suelos urbanos o suburbanos.
La pregunta de fondo es ¿las administraciones municipales saben qué quieren y necesitan los municipios? ¿más espacio público? ¿más vías? ¿más casas? Sin duda alguna uno de los problemas de trasfondo del ordenamiento territorial de los municipios, aparte de la corrupción, es que las entidades territoriales no tienen claro cuál es su modelo de ordenamiento territorial, ni tampoco sus necesidades y prioridades en materia de ordenamiento del territorio. Casi siempre copian un modelo de ordenamiento territorial de otra ciudad que no tiene nada que ver con la vocación del suelo y la visión de su propio territorio.
Como resultado de lo anterior, los municipios enfocan sus objetivos y recursos en cosas que no necesitan, como: más viviendas, y lo que es peor aún, sin conocimiento sobre las consecuencias que esto implica, como: aumento de la capacidad de la infraestructura de servicios de acueducto y alcantarillado, más espacios públicos y equipamientos, entre otros.
Recientemente, JFP & Asociados llevo a cabo un análisis jurídico-técnico sobre el Plan de Ordenamiento Territorial de uno de los municipios que hacen parte de la Sabana de Bogotá y al igual que en los municipios que se ejemplifican en el artículo de la revista Semana, se identificaron muchos problemas con relación al procedimiento que se surtió en el proceso de formulación, concertación y aprobación del POT, como también con el contenido del mismo.
Los hallazgos identificados nos permiten concluir que aparte de la falta de control en el proceso de formulación, concertación y aprobación del POT por parte de los entes reguladores, los municipios no tienen las herramientas de gestión y financiación suficientes para resolver sus principales problemas de ordenamiento. Si bien pueden conocer o no cuáles son sus dificultades y debilidades en materia de ordenamiento territorial, no tienen idea como solucionarlas, o si bien saben, no tienen la suficiente capacidad económica y administrativa para hacerlo.
Por esta razón, en vez de enfocarnos en tratar de encontrar y hallar más problemas – que si bien son importantes para formular y establecer cualquier tipo de solución- es necesario focalizarnos en encontrar soluciones prácticas a corto, mediano y largo plazo, es decir, tenemos que ser capaces de ser más propositivos y “pasar del dicho- al hecho”, solo así podremos ser gestores de cambio del ordenamiento territorial.
En este sentido, JFP & Asociados se ha interesado en encontrar los mecanismos de gestión y financiación que les permitan a los municipios solucionar sus principales problemas en el corto, mediano y largo plazo. Además de diseñar y establecer estrategias técnico- jurídicas que responden a las necesidades y el mejoramiento del territorio y de sus habitantes.