El 60% de los predios del país contaran con actualización catastral a 2022 y el 100% a 2025. Esa es la meta que se plantea el gobierno nacional en materia de política pública de catastro multipropósito. La estrategia para cumplirle al país inicio con la Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022” estableciendo la gestión catastral como un servicio público, fijando así el deber que tiene el Estado de asegurar su prestación eficiente, y este en desarrollo del plan expidió el Decreto 148 de 2020 el cual contiene el marco regulatorio de la gestión catastral en el país.
El Decreto 148 de 2020 define, entre otras cosas, la gestión catastral como el conjunto de operaciones para el desarrollo adecuado de los procesos catastrales (formación, actualización y conservación) y el cual tiene implícito el enfoque multipropósito, el cual va más allá de los aspectos físicos, jurídicos y económicos del catastro tradicional. Adicionalmente, contempla nuevos actores como entidades públicas (denominados gestores catastrales) y personas jurídicas (denominados operadores catastrales) que pueden contratar con las entidades territoriales, y asignándole a la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) las funciones de inspección, vigilancia y control de la gestión catastral. Por otra parte, incluye novedosos métodos de recolección de información, entre los que se encuentran, el uso de sensores remotos, Big Data, modelos estadísticos, entre otros que no requieren visita a campo.
No es la primera vez que el gobierno nacional se propone actualizar el catastro con un enfoque multipropósito. En 2016 con la expedición del CONPES 3859 la meta a 2018 fue “conformar e implementar el catastro multipropósito en el 25% del país (con énfasis en zonas rurales), y sentar las bases para completar el ejercicio nacional, en 2023”, no obstante, según datos del CONPES 3958 actualmente solo el 5,68% del territorio nacional cuenta con información catastral actualizada, atribuyéndole el bajo porcentaje de cubrimiento a debilidades en los ajustes legislativos. El gobierno dobla su apuesta en materia de catastro multipropósito respecto al gobierno anterior, y espera en 2 años realizar lo que el anterior no logro en 4 años.
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